Cuando la vocación se distorsiona y las instituciones permiten que funciones especializadas sean ocupadas sin la formación correspondiente
Cuando se tiene entre 15 y 17
años, la mayoría de los peruanos nos hemos visto —y aún nos vemos— en la
posición de elegir una carrera profesional con la que aspiramos a alcanzar
desarrollo personal, económico y social. Sin embargo, en esa etapa, muchas veces
sin plena conciencia ni información suficiente, terminamos tomando una decisión
que marcará profundamente nuestro futuro y definirá, en gran medida, el rumbo
de nuestra vida.
Tomar la decisión de la profesión
a seguir sin conciencia y sin conocimiento refleja una falla estructural del
sistema educativo peruano, que traslada a los adolescentes la responsabilidad
de tomar una decisión trascendental sin brindarles herramientas reales de
orientación vocacional, información adecuada sobre el mercado laboral ni una
formación integral que les permita comprender sus propias aptitudes. Como
consecuencia, hoy muchos profesionales peruanos se ven obligados a trabajar en
áreas distintas a su formación, sin vocación ni desarrollo pleno. Diversas
estimaciones indican que alrededor del 52% de profesionales en el Perú no
ejerce la carrera que estudió, principalmente por falta de oportunidades.
Dentro de este contexto, se observa este problema en el sector marítimo: en el caso de oficiales de la
Marina de Guerra que pasan al retiro, es legítimo y natural que busquen
oportunidades laborales en el ámbito marítimo mercante. Sin embargo, lo
cuestionable no es la transición individual, sino la normativa que distorsiona
la equidad profesional. Normativa que permite la homologación de competencias y
títulos que no necesariamente corresponden a la formación propia de la marina
mercante, evidencia plasmada en el marco normativo del Decreto Legislativo 1147; además de las
posibles relaciones interpersonales e interinstitucionales, de los miembros de
una misma institución entrando en una relación de ser juez y parte.
En esa misma línea, la asignación de la administración de la Autoridad Marítima y de Capitanías a la Marina de Guerra generaría un escenario en el que oficiales en actividad desempeñen labores que corresponden al ámbito de la marina mercante, saliendo —desde nuestra perspectiva— de su rol principal de defensa. Esto no solo generaría confusión institucional, sino también debilitaría la especialización técnica requerida en el sector marítimo mercante. Con respaldo legal por desconocimiento del Estado.
Por otro lado, se observaría la
formación de agrupaciones o comunidades vinculadas a la marina mercante
integradas por oficiales no mercantes, en estricto sentido, que no han seguido la
carrera formativa propia de dicho sector.
Hoy en día, la creciente
presencia de oficiales de la Marina de Guerra —en actividad o en retiro— en
funciones propias de la marina mercante nacional abre un debate de fondo: no
solo sobre la correcta asignación de roles dentro del Estado, sino también sobre
las consecuencias de un sistema que, desde sus bases, no garantiza decisiones
vocacionales informadas ni trayectorias profesionales coherentes.
Bajo este contexto, pareciera que
muchos se equivocaron de profesión y debieron haber estudiado en la Marina
Mercante.
UN PAÍS MARÍTIMO ES DIFERENTE A UN PAÍS NAVAL

