Cuando se habla de asuntos marítimos, la sociedad peruana suele asociar cualquier actividad vinculada al mar con la Marina de Guerra del Perú. Esta percepción no es casual. En algún punto de nuestra historia marítima, como país, empezamos a darle la espalda al mar, permitiendo que la comprensión integral de sus múltiples dimensiones —económicas, sociales, productivas y culturales— quedara reducida a una visión predominantemente militar.
Sin embargo, el propio marco
constitucional establece límites claros. La Constitución Política del Perú
señala en su artículo 165 que las Fuerzas Armadas tienen como finalidad
primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial
de la República. A su vez, el artículo 169 dispone que no son deliberantes y
están subordinadas al poder constitucional. Esta disposición no es meramente
declarativa: el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 0017-2003-AI/TC,
precisa, en su fundamento jurídico 52, que dicha subordinación asegura no solo
la neutralidad y objetividad, sino también la “apoliticidad” de los institutos
castrenses. Más aún, en su fundamento jurídico 53, se establece que un militar
o policía en situación de actividad no puede asumir cargos políticos.
En la misma línea, la Ley N.°
29075, que regula la naturaleza jurídica, funciones y competencias del
Ministerio de Defensa, faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir en ámbitos
militares y no militares únicamente dentro del marco de la política de seguridad
y defensa nacional. No se desprende de esta norma un mandato, a la Marina de Guerra,
para liderar o concentrar la conducción de los asuntos marítimos del país.
Asuntos que deberían estar bajo la dirección de la sociedad civil.
Bajo este contexto legal, resulta necesario plantear una reasignación de la Autoridad Marítima hacia autoridades provenientes de los actores marítimos de la sociedad civil, así como una revisión del rol asignado al Servicio de Guardacostas. Esta propuesta no responde a una postura ideológica, sino a una necesidad estructural: democratizar la gobernanza marítima del Perú.
La Autoridad Marítima, por su
propia naturaleza funcional, participa en espacios de toma de decisiones de
carácter político, tanto a nivel nacional como internacional. Su participación
en eventos y votaciones en la Organización Marítima Internacional y en otros
organismos derivados de convenios suscritos por el Perú evidencia que no se
trata únicamente de una función técnica, sino también política.
A pesar de ello, se ha pretendido
justificar este rol mediante el Decreto Supremo N.° 012-2019-DE, que aprueba la
Política Nacional Marítima en la que indica haber asignado a la Marina de
Guerra la función de “participar en política exterior” (artículo G, punto 4).
Sin embargo, no se encuentra sustento constitucional que avale esta atribución,
más aún cuando el propio Tribunal Constitucional ha señalado con claridad que
las Fuerzas Armadas no pueden participar en política.
En lo particular, la Política
Nacional Marítima evidencia profundas inconsistencias. La reciente formulación
de una política nacional pesquera, el desarrollo portuario siguiendo una ruta
independiente y el poco apoyo a las disciplinas deportivas marítimas demuestran
que dicha política carece de coherencia sistémica. En consecuencia, esta norma
debería ser revisada y derogada por su carácter anticonstitucional.
La gobernanza y la economía
política han demostrado que la concentración de funciones públicas en un mismo
órgano del Estado genera condiciones estructurales propicias para la corrupción
y el abuso de poder (Klitgaard, 1988). Por ello, resulta necesario y urgente
analizar y reformular la legislación que mantiene dentro de la estructura de la
Defensa Nacional competencias, que no deberían formar parte, de la gobernanza
marítima.
Si no damos el paso hacia la
democratización de la gobernanza marítima, pronto podríamos ver una expansión
injustificada de atribuciones castrenses hacia otros ámbitos, como el
transporte terrestre, replicando el mismo modelo de concentración de poder.
Finalmente, a los actores
marítimos que permanecen en el status quo; entre brindis con champagne,
pisco sour, almuerzos y cenas de reconocimiento, deben comprender que
democratizar la gobernanza marítima no es una amenaza, sino una condición
necesaria para impulsar verdaderamente los intereses marítimos del país y
convertir al Perú en una auténtica nación marítima.
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