UN PROBLEMA POLÍTICO QUE EXIGE DECISIONES DE FONDO
Hace unos días, conversando con amigos y conocidos, salió a
la luz un tema que, sinceramente, no debería ser frecuente: un posible caso de
“piratería y robo a mano armada” —como se tipifica en la OMI— tras la
interceptación de una embarcación con petróleo en el río Corrientes, en Loreto. La información del hecho venía circulando en LinkedIn y, como suele pasar, la conversación se
fue ampliando.
Pero lo que más me llamó la atención no fue solo el
incidente en sí, sino los comentarios que surgieron después. Varios coincidían
en algo preocupante: situaciones similares podrían estar ocurriendo también en
la Bahía del Callao, y todo apuntaba a una sensación de falta de protección.
Eso me hizo recordar un artículo científico que escribí hace
algunos años sobre este mismo tema y que fue publicado en una revista científica estadounidense (https://trid.trb.org/View/2065562).
Y, siendo honestos, es inquietante ver que, después de tanto tiempo, el
problema parece seguir ahí.
La situación en la Bahía del Callao nos enfrenta a una
realidad incómoda. No estamos solo ante un problema delictivo. Estamos ante un
problema político.
Hablamos del principal puerto del Perú, donde se mueve más
de la mitad del tráfico marítimo del país. No es cualquier espacio. Es un punto
clave para la economía nacional. Por eso, cuando aparecen —o incluso se
perciben— actos de “piratería y robo a mano armada”, lo que realmente queda en
evidencia no es solo el delito, sino las debilidades del Estado: su capacidad
de controlar, coordinar y responder.
Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién está
realmente a cargo en estos espacios?
Uno de los problemas más evidentes es la fragmentación
institucional. Hay varias entidades involucradas en la seguridad y protección
marítima, cada una con funciones específicas. El problema es que no siempre
trabajan de forma articulada. Y cuando no hay coordinación, aparecen los
vacíos. Y donde hay vacíos, el crimen encuentra oportunidades.
A esto se suma algo que ocurre en el sector público:
la distancia entre la norma y la realidad. En el papel, el Perú cuenta con
estándares alineados a nivel internacional, como el PBIP. Pero en la práctica,
su aplicación no siempre es consistente. Y ese desfase termina debilitando
cualquier esfuerzo.
Ahora bien, hay algo que no se puede ignorar: la percepción
de quienes viven esta realidad día a día. Los trabajadores del sector marítimo
saben lo que ocurre. Y cuando ellos sienten que la protección es débil, eso
pesa. Porque la protección no es solo lo que dicen los reportes, también es lo
que se vive.
Además, el impacto no es solo en seguridad y protección.
También es económico. Cada incidente, cada riesgo, cada retraso puede
traducirse en sobrecostos y pérdida de competitividad. En un mundo donde los
puertos compiten constantemente, esto no es menor.
Y, sin embargo, es un tema del que poco se habla. No está
realmente en la agenda pública. No genera presión social. Y cuando no hay
presión, las decisiones suelen postergarse.
Por eso, más que seguir creando normas, el reto es otro:
tomar decisiones. Decisiones que permitan ordenar, coordinar y, sobre todo,
hacer que el Estado esté realmente presente donde debe estar.
Porque lo que ocurre en la Bahía del Callao no es solo un
tema de protección marítima. Es un reflejo de algo más profundo: las
dificultades que tenemos como país para ejercer control en espacios clave.
Y mientras eso no cambie, el problema no desaparecerá.
¿Tú qué opinas? ¿Estamos subestimando este problema?
SER UNA NACIÓN MARÍTIMA ES DIFERENTE A UN PAÍS NAVAL
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